Los republicanos en la Legislatura de Wisconsin, dominada por el GOP, están empleando todos los recursos posibles para impedir que la nueva Corte Suprema del estado, ahora con mayoría liberal, escuche dos casos clave relacionados con la redistribución de distritos.
Estos casos llegaron a la corte poco después de que la jueza Janet Protasevich asumiera su cargo a principios de este año, tras una contundente victoria en las urnas.
Desde entonces, el panorama político del estado se ha vuelto aún más tenso. Protasevich fue elegida por los votantes de Wisconsin con la promesa de devolver equidad a los mapas legislativos, que han sido ampliamente criticados por favorecer de manera extrema a los republicanos.
Esto ha llevado al partido a implementar una estrategia de dos frentes: promover una propuesta de redistritación supuestamente “no partidista” y, simultáneamente, amenazar con un juicio político a la nueva jueza.
Una propuesta “no partidista” que genera dudas
Mi colega Kate Riga reportó esta semana sobre la nueva propuesta republicana de redistribución de distritos. A primera vista, el plan fue presentado como un esfuerzo para neutralizar cualquier sesgo partidista.
Sin embargo, analistas y demócratas en el estado lo han calificado como una maniobra política diseñada para evitar una intervención judicial sobre los mapas actuales, los cuales han asegurado a los republicanos el control legislativo incluso en elecciones donde recibieron menos votos que los demócratas.
Esta táctica busca anticiparse a un posible fallo desfavorable de la Corte Suprema estatal, cuya composición cambió significativamente con la llegada de Protasevich.
El temor de que los jueces puedan ordenar la creación de nuevos mapas más justos ha generado una respuesta agresiva del Partido Republicano, que intenta aferrarse a su ventaja estructural.
La amenaza del juicio político a Protasevich
En paralelo, los republicanos también han comenzado a construir una narrativa para justificar la destitución de la jueza. Se han apoyado en declaraciones previas de Protasevich durante su campaña, en las que calificó los mapas actuales de “manipulados”, así como en el hecho de que su campaña recibió donaciones del Partido Demócrata.
Esta semana, Robin Vos, presidente de la Asamblea de Wisconsin y una figura clave del GOP estatal, anunció la creación de un comité especial para evaluar si existen fundamentos suficientes para iniciar un juicio político contra la jueza.
El comité estará compuesto por tres exjueces de la Corte Suprema estatal, cuyos nombres no fueron revelados. Según Vos, sus identidades se mantendrán en secreto hasta que se concluya la investigación, lo cual podría tomar varias semanas.
Este secretismo ha sido objeto de fuertes críticas. Líderes demócratas y defensores de la transparencia gubernamental denuncian que esta falta de claridad en el proceso refleja una voluntad de manipular las instituciones para proteger intereses partidistas.
La opinión pública no está de su lado
Pese a los esfuerzos republicanos, la opinión pública en Wisconsin parece no respaldar estas acciones. Una nueva encuesta realizada por el grupo progresista A Better Wisconsin Together, en colaboración con la encuestadora GBAO, revela que la mayoría de los votantes se opone firmemente al intento de destituir a Protasevich.
Según los datos recogidos entre el 7 y el 10 de septiembre, el 47 % de los votantes está en contra del juicio político, frente a apenas un 24 % que lo apoya. Entre los demócratas, la oposición alcanza el 80 %, mientras que solo el 55 % de los republicanos lo respalda. Además, la encuesta muestra que Protasevich cuenta con una aprobación neta de 11 puntos desde que asumió su cargo.
Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es que el 46 % de los encuestados considera que el impulso para destituir a Protasevich responde más a una venganza política que a una supuesta falta ética o profesional por parte de la jueza.
Incluso dentro del propio electorado republicano hay escepticismo: el 14 % cree que el juicio político se debe a que su candidata no ganó, no porque Protasevich haya cometido un error. Solo un tercio del total de los encuestados (33 %) considera que hay razones legítimas para su destitución.
Un patrón de erosión democrática
Este conflicto se inserta en un patrón más amplio de intentos por parte de los republicanos de Wisconsin de limitar el poder de las instituciones independientes cuando estas amenazan su hegemonía. No es la primera vez que el partido en el poder recurre a estrategias agresivas para preservar su control.
El gobernador Tony Evers, demócrata, ha sido blanco de múltiples intentos de socavamiento desde su elección en 2018. Poco después de su victoria, los legisladores republicanos redujeron sus facultades mediante leyes aprobadas en sesiones extraordinarias. Hoy, la historia parece repetirse con la Corte Suprema.
Evers criticó abiertamente el nuevo plan de redistribución republicano, calificándolo como una farsa destinada a mantener mapas desequilibrados. “Evers condena la nueva táctica del Partido Republicano de Wisconsin para atrincherar por completo su gestión”, se leía en un titular esta semana.
El gobernador reafirmó su compromiso con la equidad democrática y prometió usar todos los recursos legales a su disposición para frenar estas iniciativas.
Un clima nacional de confrontación
Los acontecimientos en Wisconsin reflejan una tendencia nacional. En todo el país, el Partido Republicano ha intensificado sus esfuerzos por deslegitimar instituciones que considera contrarias a sus intereses.
Casos como el de Jack Smith y la restricción del acceso de Trump a documentos clasificados son otros ejemplos de cómo la batalla por el poder se ha trasladado a los tribunales y a los órganos legislativos.
Mientras tanto, figuras como Lauren Boebert están suavizando su postura MAGA en estados como Colorado, y los republicanos en el Congreso buscan abrir un proceso de juicio político contra Joe Biden, a pesar de la falta de pruebas sólidas.
La política estadounidense atraviesa una fase de polarización sin precedentes, y lo que ocurre en Wisconsin es un microcosmos de esa lucha más amplia por el alma de la democracia.
Conclusión
La campaña contra la jueza Janet Protasevich no solo pone en tela de juicio la independencia judicial en Wisconsin, sino que plantea interrogantes profundos sobre el futuro del equilibrio de poderes en el país.
La manipulación de los mapas legislativos, la amenaza del juicio político y la falta de transparencia en los procesos institucionales evidencian un intento deliberado de minar la voluntad popular.
El desenlace de este conflicto tendrá implicaciones de largo alcance. En un estado considerado clave en las elecciones presidenciales, el respeto al voto y la estabilidad institucional son más necesarios que nunca.
La pregunta ahora es si las instituciones resistirán —o si cederán ante la presión de quienes temen perder su dominio.
