En un movimiento poco común y que ha generado fuertes repercusiones, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, emitió el viernes un extenso «manifiesto» en forma de apéndice a una orden del tribunal, en el cual respondió directamente a las críticas recibidas por haber concedido una entrevista a un abogado de derecha que representa a los demandantes en un caso aún pendiente ante la Corte.
Alito dedicó varias páginas a justificar su decisión de conversar con David B. Rivkin Jr., abogado de los demandantes en el caso Moore v. Estados Unidos. Además de ejercer como abogado, Rivkin es también un frecuente colaborador de opinión del conservador Wall Street Journal, donde publicó junto a James Taranto la entrevista con el juez en cuestión. Esta entrevista, ahora bajo escrutinio, fue publicada en momentos en que la Corte aún no había resuelto si aceptaría o no el caso para revisión, lo cual ha encendido las alarmas en círculos judiciales y políticos.
Entre los críticos más notables se encuentra el senador Dick Durbin (demócrata de Illinois), presidente del Comité Judicial del Senado, quien el mes pasado instó públicamente a Alito a abstenerse de participar en el caso. Durbin argumentó que la entrevista con Rivkin constituía un conflicto de interés evidente y socavaba la integridad de la Corte. El juez, sin embargo, rechazó rotundamente estas críticas, afirmando que revelaban un desconocimiento profundo sobre “las circunstancias en las que deberían operar los jueces de la Corte Suprema”.
En su defensa, Alito insistió en que su conducta no violó ningún principio ético y calificó las acusaciones en su contra como infundadas. Según él, no hay ninguna norma que prohíba a un juez dar entrevistas a medios de comunicación, incluso si el entrevistador tiene vínculos con casos en curso. Para respaldar esta afirmación, el magistrado citó ejemplos de otros jueces de la Corte —incluyendo a Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Neil Gorsuch y John Roberts— quienes también han concedido entrevistas mientras se desempeñaban en la Corte, sin que ello haya desatado controversias similares.
“Con el tiempo, muchos jueces han participado en entrevistas con representantes de entidades mediáticas que tenían asuntos pendientes ante la Corte”, escribió Alito, en tono de reproche, dando a entender que se trata de una práctica aceptada siempre que se mantenga la neutralidad del juez en sus decisiones.
En un esfuerzo por desmontar los señalamientos, Alito aseguró que su conversación con Rivkin no influyó en lo más mínimo en su capacidad de juzgar imparcialmente. “Tenemos que excluir de nuestras mentes los comentarios positivos o negativos y cualquier comunicación personal con un abogado, y decidir los casos basándonos únicamente en la ley y en la evidencia presentada”, sostuvo el juez, reafirmando su compromiso con la objetividad judicial.
No obstante, críticos como Durbin no han sido convencidos por esta postura. Para ellos, el problema no es únicamente la entrevista, sino el contexto en el que esta tuvo lugar. En la publicación, Rivkin no solo entrevista a Alito, sino que además lo elogia abiertamente, describiéndolo como un “defensor valiente” del poder judicial frente a los ataques políticos. Este tipo de descripción, afirman los detractores, pone en duda la imparcialidad del magistrado y erosiona la confianza pública en la independencia del sistema judicial.
Además, la entrevista fue publicada justo antes de que ProPublica divulgara un reportaje explosivo sobre las relaciones de Alito con el multimillonario Paul Singer, un importante donante conservador con intereses ante la Corte. En ese artículo, se revelaba que Alito había aceptado un lujoso viaje en jet privado financiado por Singer sin haberlo reportado adecuadamente, lo cual encendió un debate nacional sobre la ética y transparencia de los jueces de la Corte Suprema.
Ante esta situación, Alito decidió adelantarse a la publicación de ProPublica con un artículo de opinión en el Wall Street Journal, coescrito precisamente por Rivkin, en el que trató de refutar por adelantado las acusaciones sobre su conducta. Esta maniobra, ahora vista como una estrategia de control de daños, se suma al clima de desconfianza creciente hacia la Corte, especialmente tras múltiples revelaciones de tratos preferenciales y beneficios recibidos por sus miembros.
El caso Moore v. Estados Unidos, que se encuentra en etapa de revisión ante la Corte, podría tener profundas implicaciones en la estructura del sistema tributario estadounidense. En él, los demandantes argumentan que el gobierno federal no debería poder gravar ciertas formas de ingreso no realizado, y la decisión del tribunal podría redefinir qué constituye “ingreso” bajo el código fiscal actual. Dada la magnitud del asunto, cualquier percepción de parcialidad entre los jueces podría comprometer la legitimidad del fallo final.
Alito, por su parte, parece convencido de que sus críticos han exagerado la situación. En su declaración, afirmó que sería imposible ejercer su función si cada interacción pública fuera interpretada como un conflicto de interés. También hizo hincapié en que los jueces de la Corte son blancos constantes de análisis, elogios y críticas por parte de abogados, académicos y periodistas, y que esto no debe impedirles expresarse en foros públicos.
“La imparcialidad no significa aislamiento”, escribió, en un intento de justificar su participación en la entrevista con Rivkin. Para Alito, lo importante es la integridad del proceso decisorio, no necesariamente la apariencia pública de neutralidad.
Sin embargo, para muchos observadores, este tipo de declaraciones resultan insuficientes. En un momento en que la confianza en la Corte Suprema está en uno de sus puntos más bajos —según diversas encuestas nacionales—, cada decisión extrajudicial de sus miembros es examinada con lupa. Y aunque Alito insista en que su entrevista fue inofensiva, el hecho de que Rivkin sea parte activa en un caso que podría tener repercusiones históricas no es un detalle menor.
Las repercusiones de este incidente aún están por verse. Mientras tanto, legisladores como Durbin han renovado los llamados para establecer códigos de ética más claros y vinculantes para los jueces del máximo tribunal, argumentando que la autorregulación ya no es suficiente. En la actualidad, los jueces de la Corte Suprema no están obligados a seguir el mismo código ético que rige a otros jueces federales, lo que ha provocado crecientes demandas de reforma.
En última instancia, el “manifiesto” de Alito no solo es una defensa personal, sino también una señal del nivel de tensión institucional que atraviesa el sistema judicial estadounidense. La pregunta que muchos se hacen ahora es si la Corte Suprema podrá mantener su autoridad moral en medio de crecientes cuestionamientos sobre su conducta, transparencia y compromiso con la justicia imparcial.
