Dos trabajadoras electorales del estado de Georgia, Ruby Freeman y su hija Shaye Moss, han solicitado oficialmente a un tribunal federal que Rudy Giuliani —exalcalde de Nueva York y exabogado personal del expresidente Donald Trump— les pague más de 100.000 dólares en concepto de honorarios legales. La solicitud se presenta luego de que un juez dictaminara que Giuliani es legalmente responsable de difamarlas al propagar falsas teorías conspirativas sobre su papel en las elecciones presidenciales de 2020.
“Los demandantes presentan respetuosamente a este tribunal una indemnización de 104.256,50 dólares en concepto de cargos de abogados”, escribieron los abogados que representan a Freeman y Moss, pertenecientes a las firmas Willkie Farr & Gallagher LLP y el Grupo para la Seguridad de la Democracia, una organización centrada en la protección del sistema electoral estadounidense.
De acuerdo con la presentación realizada el viernes, el monto solicitado corresponde a aproximadamente 172,5 horas de trabajo legal realizadas por un equipo de siete abogados de la prestigiosa firma Willkie Farr & Gallagher LLP y tres profesionales legales adicionales del Grupo para la Seguridad de la Democracia. Las tarifas por hora de estos abogados oscilan entre 520 y 1.875 dólares, reflejando la experiencia, especialización y nivel de prestigio profesional del equipo jurídico involucrado.
Los representantes legales argumentan que estas tarifas son consistentes con los estándares del mercado para litigios federales complejos en la jurisdicción correspondiente. En su argumentación, también se destaca que los servicios prestados por estos abogados fueron necesarios y proporcionales al nivel de complejidad del caso y a la conducta dilatoria de Giuliani durante el proceso judicial.
La solicitud de reembolso de los honorarios se produce apenas dos semanas después de que la jueza federal de distrito Beryl A. Howell emitiera un fallo contundente contra Giuliani. En su decisión, la jueza sostuvo que el exalcalde había eludido deliberadamente sus obligaciones legales en el proceso de descubrimiento —la fase previa al juicio en la que las partes deben compartir pruebas relevantes—, lo cual resultó en una sanción severa: perder el caso por defecto, es decir, sin necesidad de que se celebre un juicio sobre el fondo de las acusaciones.
En concreto, Freeman y Moss presentaron una demanda por difamación, infligir intencionalmente angustia emocional, conspiración civil y solicitaron la imposición de daños punitivos. Las demandantes aseguran que fueron objeto de amenazas, acoso y ataques racistas después de que Giuliani las señalara falsamente como responsables de fraude electoral durante los comicios de 2020. En repetidas ocasiones, Giuliani compartió grabaciones editadas y declaraciones sin fundamento que sugerían que ambas mujeres habían manipulado votos a favor de Joe Biden en el condado de Fulton, Georgia.
Sin embargo, estas afirmaciones fueron rápidamente desacreditadas por las autoridades estatales y federales, quienes concluyeron que no existía evidencia alguna de fraude. Pese a ello, Freeman y Moss enfrentaron una ola de acoso que incluyó amenazas de muerte, vigilancia frente a sus domicilios y la necesidad de mudarse temporalmente por motivos de seguridad. El caso ganó notoriedad nacional cuando ambas testificaron en una audiencia del Congreso como parte de la investigación del Comité del 6 de enero, relatando los efectos devastadores que las falsas acusaciones tuvieron en sus vidas personales y profesionales.
En su fallo, la jueza Howell afirmó: “Así como tomar atajos para ganar una elección conlleva riesgos, incluso una posible responsabilidad penal, eludir el proceso judicial conlleva graves consecuencias”. Y añadió que la conducta de Giuliani, quien se negó reiteradamente a presentar pruebas, colaborar con el descubrimiento o cumplir con las órdenes del tribunal, había dejado al tribunal sin otra opción que emitir una sentencia en rebeldía. De esta forma, se le responsabiliza directamente por los daños que Freeman y Moss sufrieron a raíz de sus declaraciones.
Además del fallo de responsabilidad, la jueza ordenó que Giuliani reembolse a las demandantes por los gastos legales incurridos como parte de una moción de resolución rápida que tuvieron que presentar debido a su incumplimiento reiterado. La cifra solicitada —más de 104.000 dólares— representa solo una parte de los costos totales que las demandantes esperan recuperar como resultado del juicio.
Lo que aún no está definido es el monto exacto que Giuliani deberá pagar en concepto de daños compensatorios y punitivos. Esta decisión será determinada por un jurado durante el juicio correspondiente, el cual evaluará la magnitud del sufrimiento emocional, el daño reputacional y las consecuencias sociales que Freeman y Moss han tenido que soportar desde que fueron blanco de la campaña de desinformación liderada por Giuliani.
Este caso forma parte de un conjunto más amplio de litigios relacionados con los esfuerzos de Trump y sus aliados por revertir el resultado de las elecciones de 2020. Rudy Giuliani, quien fue una figura clave en la diseminación de alegaciones infundadas de fraude electoral, enfrenta múltiples procesos legales y ha sido señalado por sus acciones en diversas jurisdicciones. Además, ha sido citado en otras investigaciones criminales, incluyendo la acusación en Georgia que involucra a varios asociados del expresidente en un supuesto esquema de interferencia electoral.
Por su parte, Freeman y Moss han sido ampliamente reconocidas por su valentía al dar testimonio público y buscar justicia a través de los canales institucionales. Su caso se ha convertido en un emblema de cómo la desinformación electoral y la retórica política pueden tener consecuencias reales, peligrosas y devastadoras sobre ciudadanos comunes que simplemente estaban cumpliendo con su deber cívico.
En un país donde la integridad electoral y la confianza en el sistema democrático están en juego, este caso representa un precedente clave. No solo se trata de responsabilizar a figuras públicas por sus palabras y acciones, sino también de restaurar la confianza de los ciudadanos en que nadie está por encima de la ley, y que las instituciones pueden proteger a los individuos frente al abuso de poder.
A medida que el juicio avance hacia su fase final, todas las miradas estarán puestas en cuánto decidirá el jurado que Giuliani deberá pagar por los daños causados. Pero más allá de las cifras, este proceso ya ha enviado un mensaje claro: la desinformación tiene consecuencias, y quienes la propagan —sea por ambición, negligencia o ideología— deben rendir cuentas.
