La Corte Suprema extiende la suspensión del caso de las redes sociales de la administración Biden
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El viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos prorrogó de manera administrativa la suspensión de un fallo emitido por un tribunal de apelaciones del Quinto Circuito que prohíbe a ciertos funcionarios del gobierno de Biden informar o advertir a empresas de redes sociales sobre información que consideran engañosa. Esta decisión prolonga temporalmente la protección al Ejecutivo mientras los tribunales inferiores deciden si el caso debe seguir avanzando o ser resuelto.
¿Cuál es el origen de la disputa?
A principios de este mes, el gobierno del presidente Joe Biden solicitó una suspensión urgente luego de que el Quinto Circuito dictaminó que el FBI, la Casa Blanca, el Cirujano General y los CDC —Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades— habían “coaccionado” a plataformas como Facebook y Twitter. El tribunal concluyó que este comportamiento vulneraba los derechos amparados por la Primera Enmienda, al interferir con empresas privadas y presionar para que moderaran contenidos. El fallo de ese tribunal de apelaciones suspendía temporalmente la capacidad del gobierno federal para enviar tales alertas a plataformas digitales.
Ante esta situación, el gobierno buscó una orden de supresión administrativa —la cual tiene efecto inmediato— para mantener las comunicaciones mientras se decide si el Tribunal Supremo acepta revisar el caso y, en su caso, emite un fallo definitivo. La suspensión anterior expiraba el viernes, por lo que era imprescindible una extensión para evitar que el fallo del Quinto Circuito se ejecutara de forma prematura.
¿Hasta cuándo se extiende esta suspensión?
La nueva prórroga otorgada por la Corte Suprema tiene vigencia hasta antes de la medianoche del 27 de septiembre. Esto le da al gobierno federal un respiro adicional de casi un mes para presentar los argumentos necesarios ante la Corte, que decidirá si concede o no revisión (en inglés, “certiorari”) al caso. De aceptarlo, el proceso se prolongaría mientras se examinan los antecedentes y, eventualmente, se emite una opinión sobre el tema.
¿Qué había dictaminado el Quinto Circuito?
El fallo que generó la disputa comenzó como un recurso contra una decisión del juez de distrito Terry Doughty —nombrado por Trump—. El juez prohibió a funcionarios específicos, incluidos miembros de la Casa Blanca, de contactar y “informar” sobre presunta información engañosa a plataformas digitales.
Pero el tribunal de apelaciones fue más allá, ampliando el alcance del fallo original y señalando en términos severos que el gobierno estaba adoptando un rol que parecía orwelliano. El lenguaje utilizado fue contundente: describió la campaña del Ejecutivo como una situación distópica, donde la comunicación desde el gobierno a las redes sociales se asemejaba a un “Ministerio de la Verdad”, haciendo referencia a la novela «1984» de George Orwell.
¿Por qué se enfureció el gobierno?
Desde la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, la reacción al fallo del Quinto Circuito fue fuerte y directa. La describieron como una decisión “asombrosa” que expandía de manera “radical” el alcance de la Primera Enmienda, en un giro que calificaron de “devastador” para las estrategias del gobierno frente a la desinformación. El argumento central es que combatir bulos —sobre, por ejemplo, vacunas, origen del covid, formas de contagio— no es coaccionar, sino cumplir con la responsabilidad de velar por la salud pública, especialmente tras la diseminación masiva de información errónea durante la pandemia.
El gobierno sostiene que existe una diferencia crucial entre “coaccionar” y “alertar” o notificar sobre contenidos falsos o peligrosos. Consideran que informar a las redes sociales, según protocolos, no viola la libertad de expresión, sino que protege derechos fundamentales como la vida y la integridad física.
¿Qué impacto tiene esto en el día a día?
Si se levantara la suspensión y el fallo quedara en pie, el gobierno federal se vería limitado en su capacidad de comunicar riesgos sanitarios o alertas a las redes sociales. Eso incluiría temas delicados como salud pública, vacunación, campañas de prevención o incluso seguridad nacional ante fake news. Sin acceso a ese canal adicional, dependería exclusivamente de los medios tradicionales, lo que, a juicio del Ejecutivo, sería una vulnerabilidad ante la velocidad y magnitud de la desinformación en línea.
Escenario de resolución: la decisión pendiente del Tribunal Supremo
Lo realmente importante es si el Tribunal Supremo decide tomar el caso para revisión. Si lo hace, el proceso avanzaría en varias etapas:
Revisión de admisibilidad: la Corte debe decidir si el caso merece pronunciamiento formal.
Recepción de argumentos: en el caso de aceptarlo, la parte demandante (el gobierno) y la parte demandada (varios estados republicanos y plataformas digitales) pueden presentar sus argumentos formales.
Audiencia oral: se escuchan los argumentos ante los jueces, se hacen preguntas y se expone la posición de cada lado.
Pronunciamiento judicial: la Corte emite un fallo vinculante que definirá los límites entre la libertad de expresión, la función regulatoria del Estado y la responsabilidad del gobierno frente a la salud pública.
¿Qué podría decidir la Corte Suprema?
El fallo podría terminar en varias direcciones:
Confirmar el fallo del Quinto Circuito, reforzando la idea de que los funcionarios se excedieron, lo que implicaría nuevas reglas sobre cómo el gobierno puede comunicarse con redes sociales.
Revertirlo completamente, permitiendo que el Ejecutivo recupere total libertad para alertar sobre contenidos engañosos.
Llegar a un término medio, estableciendo protocolos claros que el gobierno debe seguir para evitar la coacción, pero sin impedir la comunicación de alertas legítimas.
Cualquiera que sea el resultado, el fallo sentará un precedente muy relevante sobre el equilibrio entre derecho a la información, salud pública y libertad de expresión en la era digital.
Un dilema de Deberes Constitucionales
Este caso no es solo legal, también implica una tensión de principios entre dos grandes valores constitucionales:
La libertad de expresión, que protege a quienes pueden verse obligados, directa o indirectamente, a censurar contenidos legítimos.
El deber del gobierno de proteger la salud y el bienestar público, incluyendo combatir la desinformación que puede causar muertes, como en la pandemia.
El fallo del Quinto Circuito puso en relieve un desequilibrio: si el gobierno puede influir sobre redes sociales, ¿dónde queda la libertad de aprender, saber, informar? Si, en cambio, se le prohíbe esa acción, ¿cómo podrá responder ante un tsunami de mentiras que ponga en riesgo vidas?
Conclusión provisional
Con la extensión de la suspensión hasta el 27 de septiembre, el Tribunal Supremo permite que las comunicaciones del gobierno sigan activas mientras considera los argumentos. Pero deja claro que el debate no está cerrado. En las próximas semanas, esta cuestión pasará a ser uno de los focos legales y políticos más importantes del país, con implicaciones que trascienden la jurisprudencia: afecta directamente la manera en que el Estado puede interactuar con las plataformas digitales para proteger a sus ciudadanos.
Estén atentos: la forma en que se resuelva este caso va a definir no solo límites legales, sino también normativos y relacionales entre poder público, ciudadanía y tecnología, en una época en la que la información es el recurso más poderoso y vulnerable a la vez.
