Menéndez pide presunción de inocencia de quienes ven en su acusación una “alternativa política”

En medio de una creciente presión política y mediática, el senador Bob Menéndez (demócrata por Nueva Jersey) ofreció una conferencia de prensa este lunes por la mañana, en la que defendió su inocencia y pidió que se respete el debido proceso. Con un tono firme pero cauteloso, Menéndez invocó uno de los principios fundamentales del sistema judicial estadounidense: la presunción de inocencia.

“La piedra angular de la inspiración de la democracia estadounidense y nuestro sistema judicial es el principio de que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad”, expresó el senador. “Todas las personas. No pido más y no merezco menos. El tribunal de la opinión pública no es ningún sustituto de nuestro venerable sistema judicial”.

Estas palabras fueron pronunciadas en respuesta a las crecientes voces, incluso dentro de su propio partido, que han exigido su renuncia tras una acusación formal por corrupción. La acusación federal, presentada en Manhattan, vincula a Menéndez y a su esposa, Nadine Menéndez, con un supuesto esquema de sobornos que incluye dinero en efectivo, lingotes de oro, un automóvil de lujo y otros regalos provenientes de empresarios de Nueva Jersey. A cambio, el senador habría utilizado su influencia para beneficiar a estos individuos a través de acciones oficiales, algunas de las cuales incluían favorecer al gobierno egipcio y obstaculizar investigaciones criminales.

Durante su intervención, Menéndez no solo reiteró su inocencia, sino que también lanzó críticas implícitas a sus colegas demócratas que, en su opinión, se han precipitado al pedir su dimisión. “Se apresuraron a juzgar porque ven una alternativa política para ellos mismos o para quienes los rodean”, declaró, sin nombrar directamente a nadie.

El viernes anterior a su conferencia, el día en que se hizo pública la acusación, varias figuras prominentes del Partido Demócrata en Nueva Jersey exigieron su renuncia inmediata. Entre ellos estaban los representantes federales Andy Kim y Mikie Sherrill, así como el gobernador del estado, Phil Murphy. Todos coincidieron en que los cargos presentados eran lo suficientemente graves como para justificar que Menéndez dejara su escaño en el Senado. Sin embargo, el senador rechazó estos llamados, argumentando que la situación merece una evaluación más cuidadosa y fundamentada.

“Todo lo que pido humildemente en este momento, a mis colegas en el Congreso, a los líderes electos y a los defensores de Nueva Jersey, con quienes he trabajado durante años, así como a todos los que consideran a Nueva Jersey su hogar, es que hagan una pausa y permitan que se presente toda la información”, solicitó el senador.

La situación ha abierto un escenario político delicado. Si Menéndez decidiera renunciar, se desataría una carrera política intensa por ocupar su escaño, probablemente entre miembros de la delegación demócrata del estado que ya han mostrado ambiciones a nivel estatal o federal. Andy Kim, por ejemplo, ya ha anunciado que se postulará para el Senado en caso de una vacante, lo que pone en evidencia cómo la crisis actual podría reconfigurar el mapa político de Nueva Jersey.

La acusación contra Menéndez es detallada y extensa. Según los fiscales, el senador y su esposa recibieron sobornos de al menos tres empresarios a cambio de favores políticos y acceso a información privilegiada. Entre los regalos, se encuentran lingotes de oro valuados en miles de dólares, muebles finos, un Mercedes-Benz convertible y grandes sumas de dinero en efectivo halladas en su residencia. Uno de los aspectos más delicados de la acusación es el presunto envío de información gubernamental confidencial al gobierno egipcio, lo que ha llevado a algunos analistas a calificar el caso como un asunto de seguridad nacional.

Menéndez intentó abordar algunas de estas acusaciones en su conferencia de prensa, especialmente las relacionadas con el dinero en efectivo encontrado en su casa. “Durante las últimas tres décadas, he retirado cientos de dólares en efectivo de mi cuenta de ahorros personal”, explicó. “Lo hice por mi historial personal y familiar. Mi familia, como muchas otras que salieron de Cuba, vivió la confiscación de sus bienes. Es una práctica que heredé por precaución”.

El senador afirmó que estos fondos provenían exclusivamente de ingresos legales obtenidos durante sus 30 años de servicio público, y que no hay nada indebido en haber guardado dinero en efectivo en su domicilio. También aprovechó la ocasión para resaltar algunas de las leyes en cuya aprobación participó a lo largo de su carrera, como la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare) y el proyecto de ley de infraestructura federal. “Mi trayectoria habla por sí sola”, dijo. “Espero abordar los otros temas en el juicio, donde se esclarecerán los hechos con transparencia”.

Pese a la insistencia de los periodistas, Menéndez no respondió preguntas tras su declaración. Tampoco abordó los detalles sobre la relación con los empresarios mencionados en la acusación ni las circunstancias específicas que rodean las supuestas acciones oficiales comprometidas.

El caso de Menéndez no es su primer encuentro con la justicia. En 2015, el senador enfrentó cargos federales por corrupción en un caso separado, que fue posteriormente desestimado después de que el jurado no lograra llegar a un veredicto unánime. Aquella vez, también se negó a dimitir, y logró salir políticamente fortalecido, siendo reelegido por Nueva Jersey en 2018. Sin embargo, algunos observadores señalan que esta nueva acusación es más grave y cuenta con pruebas más contundentes, lo que podría hacer más difícil su defensa.

La Casa Blanca, por su parte, ha mantenido una postura cautelosa. Cuando se le preguntó al presidente Joe Biden sobre el caso, un portavoz se limitó a decir que el mandatario “respeta la independencia del sistema judicial” y que cualquier comentario adicional sería inapropiado hasta que avance el proceso legal.

Mientras tanto, los republicanos han aprovechado la oportunidad para criticar a los demócratas por no haber actuado antes. “El Partido Demócrata sabía del historial de Menéndez, pero lo protegieron porque era útil políticamente”, declaró un senador republicano bajo condición de anonimato. “Ahora que es una carga, quieren deshacerse de él”.

En el Congreso, la presión continúa creciendo. Algunos demócratas, si bien no han pedido abiertamente su renuncia, han expresado preocupación sobre cómo este escándalo puede afectar las elecciones legislativas de 2024. En un Senado dividido casi por la mitad, cualquier pérdida de credibilidad o confianza puede inclinar la balanza.

Por ahora, Menéndez se mantiene firme. Aunque su posición se ha vuelto más frágil que nunca, insiste en su inocencia y en que su destino debe ser decidido por los tribunales, no por la opinión pública ni por cálculos políticos. El juicio, que aún no tiene fecha definitiva, podría extenderse durante meses y ser seguido de cerca por todo el país.

En última instancia, el caso plantea una pregunta fundamental: ¿cómo debe actuar un líder público cuando enfrenta acusaciones tan serias? Para Menéndez, la respuesta es clara: resistir, defenderse y confiar en que el sistema judicial le dará la razón. Para muchos otros, sin embargo, su permanencia en el Senado representa una mancha para la institución y un obstáculo para la confianza ciudadana.