Los esfuerzos para impedir que Donald Trump participe en las elecciones presidenciales de 2024 no dan tregua. Este martes, nuevos abogados y activistas volvieron a la carga, presentando una demanda ante el Tribunal Supremo de Minnesota con el objetivo de excluirlo de las principales elecciones presidenciales del estado. La presentación fue realizada por la organización Free Speech for People, a nombre de un pequeño grupo de votantes de Minnesota, con el Secretario de Estado Steve Simon (D) como parte acusada.
El origen del argumento constitucional
Esta estrategia legal no surge de la nada. La demanda invoca la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que estipula que ningún funcionario que haya prestado juramento para defender la Constitución y luego haya participado en una insurrección o rebelión —o haya ayudado a sus enemigos— puede ejercer cargos públicos sin el perdón explícito del Congreso.
Free Speech for People argumenta que “Donald J. Trump, con sus palabras y acciones, después de prestar juramento como funcionario de los Estados Unidos para defender la Constitución, participó en rebelión o disturbios, o brindó apoyo y consuelo a sus enemigos, tal como se describe en la Parte 3 de la Decimocuarta Enmienda. No es elegible para ocupar la presidencia ni ningún otro cargo de Estados Unidos a menos que el Congreso le otorgue perdón o aprobación”. Con esto busca que Trump sea declarado inelegible en Minnesota para las primarias de 2024.
Un movimiento legal en expansión
Esta demanda en Minnesota se suma a una presentación similar ocurrida hace apenas una semana en Colorado, impulsada por la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), junto con Free Speech for People. Ambas entidades están promoviendo un esfuerzo coordinado que incluye presentaciones legales en diversos estados con procesos electorales primarios en 2024, como un mecanismo nacional de exclusión.
El argumento se ha vuelto significativo: lo que antes era un planteamiento teórico casi desconocido fuera de círculos académicos de derecho constitucional, ahora ha alcanzado una influencia real en el debate público y en las campañas electorales. Y lo más relevante hasta el momento es que ha logrado atraer la atención de Trump, quien ha respondido fuertemente.
La reacción de Trump
Como era de esperar, Trump no se quedó callado. En una intervención pública reciente en el programa de radio del comentarista de derechas Dan Bongino, calificó el esfuerzo legal como propio de una “república bananera”. Y así lo repitió: “Lo que están haciendo es una llamada interferencia electoral”. Su postura es clara: considera que estos intentos de aplicar la Decimocuarta Enmienda en su contra constituyen una maniobra ilegal para socavar su derecho democrático de postularse.
Su defensa es tanto legal como retórica: cuestiona que instancias judiciales puedan devolver beneficios políticos o restringir sus candidaturas, sin mediar un proceso legislativo federal —es decir: sin que el Congreso lo declare inelegible o absuelva.
¿Por qué ahora Minnesota y otros estados?
La estrategia legal responde al calendario electoral: las primarias presidenciales comienzan en estados clave desde febrero y marzo de 2024. Estados como Iowa, New Hampshire, Nevada, Carolina del Sur, Georgia, Pensilvania y Florida también han sido incluidos o serán incluidos en un plan nacional.
El objetivo es impedir que Trump aparezca en la papeleta primaria de uno o varios estados. Si bien los intentos judiciales pueden no impedir la nominación nacional, complican su campaña y legitimidad, generan precedentes y difunden un mensaje político: que incluso dentro de los procedimientos legales, Trump no está excluido de rendir cuentas por su papel en los eventos del 6 de enero de 2021, cuando una turba irrumpió violentamente en el Capitolio.
Contraste legal: ¿Qué se requiere para descalificar a Trump?
Para que la Sección 3 se aplique, dos condiciones constitucionales deben cumplirse:
El candidato debe haber prestado un juramento constitucional —lo cual Trump hizo dos veces, como vicepresidente candidato y como presidente—.
Debe haber participado en insurrección o rebelión —o haber brindado apoyo, consuelo o asistencia—.
Los demandantes citan pruebas múltiples: sus discursos previos al 6 de enero, mensajes públicos y llamados explícitos a presionar a agentes estatales para “encontrar votos”, así como el retraso voluntario en intervenir directamente durante el asalto al Capitolio. Todos estos hechos son presentados como prueba de participación directa o indirecta en una insurrección.
La defensa de Trump sostiene que eso no califica jurídicamente como rebelión ni insurrección, y que el intento para excluirlo viola su derecho al debido proceso y la libertad política. Además, argumentan que solo el Congreso puede determinar inelegibilidad federal según la Enmienda.
Implicaciones políticas y electorales
Este enfrentamiento legal-moderado tiene dos vertientes: judicial y política.
– Judicial:
Si un tribunal estatal accede a la petición, Trump podría ser excluido de la boleta primaria en ese estado.
Lo más probable es que el fallo sea apelado y se eleve en cascada a tribunales superiores, como el Tribunal Supremo.
En caso de que varios estados lo excluyan, la campaña de Trump se vería obligada a acudir al Supremo antes de la convención nacional, lo que agregaría incertidumbre y ruido mediático.
– Política:
Estas acciones envían una señal clara: hay una porción del electorado y de elites legales que consideran que Trump no está solo políticamente cuestionado, sino que debería estar éticamente privado de postularse.
Para los demócratas y moderados, esto fortalece su argumento de que Trump representa un riesgo sistémico.
Entre republicanos, puede polarizar la discusión: algunos lo verán como un “punto de inflexión” y otros como una intromisión judicial.
Aquí conviene recordar:
Casos anteriores de aplicación de la Sección 3 se han intentado contra supremacistas confederados después de la Guerra Civil, sin embargo, su uso actual es excepcional.
El precedente federal más cercano es la justicia —instancia Plessy v. Ferguson y la inhabilitación de funcionarios rebeldes en el Reconstruction.
El próximo paso: cronograma judicial
Septiembre a diciembre 2023: La demanda está siendo revisada por tribunales de distrito o Corte Suprema estatal.
Si se falla a favor de los demandantes, Trump quedaría excluido en Minnesota.
Defense apelaría inmediatamente. Podría pasar de la Corte Suprema de Minnesota al Tribunal Supremo de EE.UU., un proceso que puede extenderse hasta principios o mediados de 2024.
Cuando varios estados planteen casos, el Supremo nacional podría reunirlos para una audiencia conjunta o emitir un fallo consolidado.
Conclusión
La demanda en Minnesota representa una pieza más en una estrategia nacional de descalificación legal vía la Decimocuarta Enmienda, aún inédita en su alcance real, pero con potencial impacto político y judicial. De ser acogida por tribunales estatales e incluso por el Supremo federal, podría retardar la campaña de Trump, fomentar una narrativa de sanción institucional y presionar al Congreso para que intervenga y aclara los límites planteados por la Constitución.
Independientemente de su éxito, este esfuerzo agrega una nueva dimensión al debate sobre la elegibilidad política, el alcance del debido proceso, la soberanía popular y las salvaguardas constitucionales ante amenazas a la democracia. En las próximas semanas y meses, esta estrategia pondrá a prueba no solo la capacidad del sistema legal para responder, sino al propio sistema electoral y democrático que sostiene a la nación.
