En medio de un creciente debate nacional sobre la aplicabilidad de la Sección 3 de la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, alzó la voz en defensa de la Carta Magna y respondió con firmeza a los comentarios del expresidente Donald Trump, quien calificó los intentos de excluirlo de la boleta electoral de 2024 como una forma de “interferencia electoral”.
“Trump es un mentiroso y no respeta la Constitución”, declaró Griswold durante una entrevista con MSNBC el sábado. Su intervención se produjo tras la presentación de una demanda por parte de seis votantes de Colorado —cuatro republicanos y dos independientes— que buscan impedir que Trump aparezca en las papeletas del estado para las elecciones presidenciales del próximo año.
La demanda, liderada por el grupo de ética gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), se apoya en la Sección 3 de la 14ª Enmienda. Esta disposición constitucional prohíbe a cualquier persona que haya participado en una insurrección o rebelión contra el gobierno de los Estados Unidos —después de haber jurado lealtad a la Constitución— ejercer cargos públicos. Los demandantes argumentan que el papel de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 constituye precisamente esa participación en una insurrección, y por tanto, lo descalifica legalmente para postularse a la presidencia.
Para Jena Griswold, cualquier intento de aplicar esa disposición no solo es legítimo, sino una obligación constitucional. “Decir que una parte de la 14ª Enmienda es interferencia electoral y considerar formas de defender la Constitución es antiestadounidense”, afirmó con contundencia. “Sabemos que el expresidente es un mentiroso y puede hacer todo lo que esté a su alcance para aferrarse al poder”, añadió.
El expresidente, por su parte, no tardó en responder con una de sus ya conocidas diatribas mediáticas. En una entrevista con el locutor de derecha Dan Bongino, Trump tachó la iniciativa de “interferencia electoral” y la comparó con las prácticas de una “república bananera”. “Lo que están haciendo es lo que se conoce como interferencia electoral. Y ahora la Decimocuarta Enmienda es solo una continuación de eso”, afirmó Trump, sugiriendo que todo el proceso responde a una estrategia orquestada por sus adversarios políticos para impedir su regreso a la Casa Blanca.
El portavoz de la campaña de Trump, Stephen Cheung, también se pronunció sobre la demanda, atacando tanto a los votantes como a los promotores del litigio. “Son personas que persiguen una teoría de conspiración ridícula y un ataque político contra el presidente Trump”, expresó. Cheung añadió que estos actores están “ampliando el alcance de la ley más allá de su reconocimiento” y comparó la demanda con otras investigaciones legales que enfrenta Trump en jurisdicciones como Nueva York, Georgia y Washington D.C. “No existe ningún fundamento legal para este esfuerzo, excepto en las mentes de quienes lo impulsan”, aseguró.
En el plano judicial, el equipo legal de Trump ha adoptado una estrategia cambiante. Inicialmente, los abogados del expresidente presentaron una moción para trasladar el caso a un tribunal federal, argumentando que el núcleo del litigio gira en torno a la interpretación de una enmienda constitucional federal. “Este caso surge bajo la Decimocuarta Enmienda”, señalaron en su presentación. “Aunque los demandantes han formulado su petición como si dependiera de reclamos estatales, en realidad cada esfuerzo para impedir que Trump se postule para presidente depende únicamente de la aplicación de la 14ª Enmienda de EE. UU., Sección 3”.
Sin embargo, poco después, los abogados de Trump reconsideraron su posición y presentaron una nueva moción indicando que ya no se oponían a que el caso regresara a un tribunal estatal. Este giro táctico ha sido interpretado por algunos analistas como una señal de incertidumbre dentro del equipo legal del expresidente, que enfrenta múltiples frentes judiciales simultáneamente.
La Sección 3 de la 14ª Enmienda ha sido históricamente poco utilizada y su aplicación en el contexto de una elección presidencial sería un hecho sin precedentes. Adoptada tras la Guerra Civil, esta disposición fue diseñada para evitar que antiguos funcionarios confederados volvieran a ocupar cargos de poder. Su lenguaje, sin embargo, es claro: cualquier persona que haya “participado en rebelión o insurrección” después de haber jurado defender la Constitución queda inhabilitada para ocupar cargos públicos, a menos que el Congreso le conceda una dispensa por mayoría calificada.
En los últimos años, académicos constitucionalistas han debatido si esta cláusula sigue siendo aplicable hoy en día. En el caso específico de Donald Trump, el debate se ha intensificado a raíz de su papel en el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus simpatizantes irrumpió violentamente en el Capitolio en un intento por revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.
Aunque Trump no fue condenado por insurrección en su juicio político posterior (fue absuelto por el Senado), los demandantes sostienen que la responsabilidad política y la constitucional pueden evaluarse en términos distintos. Para CREW y los votantes que lo acompañan en la demanda, la conducta del expresidente ese día representa claramente una violación a su juramento y una participación activa en un acto de insurrección.
La demanda en Colorado no es la única de su tipo. Grupos similares han explorado acciones legales en otros estados, y se anticipa que el tema terminará ante la Corte Suprema, que tendrá que decidir si la 14ª Enmienda puede utilizarse como base para excluir a un candidato presidencial de la boleta electoral.
Para Jena Griswold, sin embargo, el asunto trasciende el plano legal: es una cuestión de principios democráticos. “Tenemos que asegurarnos de que la ley sea aplicada por igual a todos, incluso a los expresidentes”, enfatizó en su entrevista. También señaló que no se trata de una venganza política, sino de proteger las instituciones. “Permitir que alguien que haya incitado una insurrección vuelva al poder sería una traición a la democracia misma”, advirtió.
Mientras tanto, la campaña de Trump continúa avanzando, con el expresidente liderando las encuestas en la contienda republicana a pesar de sus múltiples problemas legales. Su narrativa de persecución política ha calado profundamente entre su base, que ve en estas demandas otro intento del “establishment” por frenar el regreso del líder que consideran legítimo.
El proceso judicial en Colorado aún está en sus primeras etapas, pero su desenlace podría tener repercusiones significativas para las elecciones de 2024 y para la historia constitucional del país. A medida que se intensifica el debate, el país se enfrenta a una pregunta fundamental: ¿puede un expresidente acusado de incitar una insurrección volver a postularse para el cargo más alto de la nación?
