Trump dice que su decisión es calificar las elecciones de 2020 de “amañadas”

El expresidente Donald Trump volvió a protagonizar una declaración polémica que podría tener repercusiones legales directas en los casos penales que enfrenta. En una entrevista transmitida este domingo por el programa “Meet the Press” de NBC, Trump afirmó que fue su decisión personal calificar las elecciones presidenciales de 2020 como “amañadas”, ignorando deliberadamente el consejo de sus abogados y asesores que le dijeron que había perdido.

La presentadora del programa, Kristen Welker, le preguntó por qué no escuchó a sus propios asesores legales, quienes insistieron en que la elección había sido legítima. La respuesta de Trump fue directa y reveladora: “Porque no los respetaba”, dijo. “Claro, los contraté”, reconoció, “pero eso no significa que sepas a quién estás contratando. Nunca conoces a estas personas, recibes una recomendación y vienen de Reno”, añadió, desestimando la credibilidad de sus propios abogados. Luego concluyó: “No los respetaba. Pero respeto a muchos otros que dijeron que las elecciones estaban amañadas”.

Welker continuó presionando al expresidente, preguntándole si escuchaba solo a aquellos abogados que le decían lo que quería oír. Trump respondió sin rodeos: “¿A quién estoy escuchando? A mí mismo. Vi lo que pasó. Vi esa elección y pensé que la elección terminó a las 10 p.m.”

La periodista insistió una vez más: “¿Fue usted quien tomó la decisión, señor presidente, al final?”. A lo que Trump respondió con claridad: “¿En cuanto a si creo que fue manipulado o no? Absolutamente. Fue mi decisión”.

Estas declaraciones llegan en un momento crítico para Trump, quien enfrenta un total de 91 cargos en cuatro procesos penales distintos, en Washington D.C., Nueva York, Florida y Georgia. Dos de estos casos son de índole federal y están directamente relacionados con sus intentos por revertir el resultado electoral de 2020.

Las declaraciones públicas del expresidente han sido cuidadosamente observadas por analistas políticos y, sobre todo, por expertos legales, quienes consideran que su admisión en televisión podría socavar una de las principales líneas de defensa que su equipo legal podría intentar presentar en los tribunales: la llamada “defensa por consejo legal”.

Esta estrategia consiste en alegar que el acusado actuó siguiendo la orientación de sus abogados, y por tanto, no tenía intención criminal —uno de los elementos fundamentales que debe probar la fiscalía en un juicio penal. Pero la defensa solo es viable si Trump pudiera demostrar que realmente siguió, de buena fe, el consejo legal de sus asesores. Algo que él mismo ha negado explícitamente en esta entrevista, al afirmar que no los respetaba, que no los escuchaba y que tomó la decisión final por su cuenta.

Para muchos juristas, estas afirmaciones representan un golpe casi fatal a su defensa. El prestigioso profesor de derecho constitucional de Harvard, Laurence Tribe, fue categórico al respecto. En declaraciones a la prensa, afirmó: “Trump arrojó toda su defensa de seguir el consejo de los abogados debajo del autobús. No, déjenme corregir eso: no debajo de un autobús, sino debajo de un tren de carga grande, rugiente y veloz”.

Otros expertos compartieron esta opinión. Neal Katyal, ex procurador general interino de Estados Unidos, y Andrew Weissmann, ex fiscal federal que formó parte del equipo del fiscal especial Robert Mueller, comentaron la situación en el programa “Inside With Jen Psaki” de MSNBC. Katyal afirmó que las palabras de Trump “realmente muestran su culpabilidad” y que “hacen que el caso en su contra sea mucho más simple”. Según Weissmann, el hecho de que Trump descarte públicamente el consejo legal que recibió refuerza el argumento de la fiscalía de que actuó con conocimiento y voluntad de violar la ley.

La estrategia de defensa por consejo legal siempre fue arriesgada. Para que funcione, exige que el acusado renuncie en parte a su derecho al secreto profesional abogado-cliente, permitiendo que sus comunicaciones con los abogados sean examinadas en el juicio. Además, tiene que probar que confió sinceramente en los consejos que le daban y que no actuó movido por una intención dolosa. Trump, al decir que se guió “a sí mismo” y que simplemente “no respetaba” a los abogados que le decían la verdad, hace que esta defensa resulte prácticamente inviable.

Más allá del plano legal, estas declaraciones también tienen implicaciones políticas. Refuerzan la narrativa de que Trump ignoró deliberadamente las advertencias, los informes de seguridad electoral, las decisiones judiciales y el consenso institucional sobre la validez de las elecciones de 2020. En lugar de aceptar el resultado, optó por promover una narrativa de fraude sin fundamento, que culminó en el asalto violento al Capitolio el 6 de enero de 2021. Para muchos, esta elección no fue solo una estrategia política, sino un intento deliberado de socavar el orden democrático y aferrarse al poder.

Los fiscales federales, liderados por el fiscal especial Jack Smith, han sido meticulosos al construir el caso contra Trump, enfocándose precisamente en demostrar que él sabía que las elecciones eran legítimas y que, aun así, intentó invalidar el resultado mediante presiones ilegales, desinformación y maniobras inconstitucionales. Las declaraciones de Trump a NBC podrían ser utilizadas como evidencia directa en el juicio, respaldando el argumento de que sus actos no fueron resultado de mala orientación legal, sino de una decisión consciente y personal de ignorar la verdad.

Es importante recordar que varias figuras clave del círculo íntimo de Trump, incluyendo al entonces fiscal general Bill Barr, le comunicaron que no había evidencia de fraude. Incluso aliados políticos, funcionarios estatales republicanos y jueces nombrados por él mismo rechazaron sus reclamos. Pese a ello, Trump siguió promoviendo teorías conspirativas, amplificadas por abogados como Rudy Giuliani y Sidney Powell, que hoy también enfrentan consecuencias legales por su papel en esta campaña de desinformación.

En última instancia, la admisión de Trump no solo complica su situación legal, sino que pone en evidencia un patrón de conducta: la negativa persistente a aceptar cualquier realidad que no se ajuste a sus intereses políticos. Esta negación ha tenido un costo elevado para la democracia estadounidense y, como parece cada vez más probable, podría tener un costo aún mayor para él personalmente en los tribunales.